SANTO DOMINGO ESTE.– La precandidata a regidora, Dulcenis Trinidad, planteó la necesidad de fiscalizar los RD$80 millones aprobados para fortalecer la gestión de residuos sólidos en Santo Domingo Este, al considerar necesario determinar cómo serán utilizados los recursos y qué resultados concretos recibirá la población ante las persistentes denuncias sobre deficiencias en la recogida de basura.
La aprobación de los fondos se produjo durante la sesión extraordinaria del Concejo de Regidores celebrada el viernes 30 de octubre.
Para Trinidad, la incorporación de nuevos recursos al presupuesto abre una discusión necesaria sobre uno de los principales servicios públicos del municipio.
“¿Por qué más presupuesto si persisten deficiencias en el servicio de recogida de basura y otros problemas que afectan a las comunidades?”, es la interrogante que plantea la regidora al reclamar mayor transparencia y seguimiento sobre la ejecución de los fondos municipales.
Durante la misma sesión también fueron aprobados RD$8 millones para el embellecimiento y mantenimiento del Faro a Colón, el nuevo Reglamento del Presupuesto Participativo Municipal y la designación de Leonardo Martínez como secretario general de la Alcaldía.
Sin embargo, según plantea Trinidad, más allá de las aprobaciones presupuestarias, persisten preocupaciones relacionadas con la recogida de basura, los vertederos improvisados y la necesidad de fortalecer la fiscalización de los recursos municipales.
La limpieza es una responsabilidad obligatoria del Ayuntamiento
La regidora recordó que la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios establece responsabilidades específicas para los gobiernos locales en materia de limpieza y manejo de residuos sólidos.
El artículo 19 dispone que corresponde al Ayuntamiento gestionar los servicios de limpieza vial, higiene y salubridad pública, así como la recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos.
Asimismo, el artículo 20 incluye la recolección, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos urbanos y rurales entre los servicios municipales mínimos de carácter obligatorio.
Para Trinidad, esto significa que la limpieza del municipio no constituye una actividad opcional ni una concesión administrativa, sino una responsabilidad propia del gobierno local.
La edil también señaló la importancia de las funciones de fiscalización del Concejo de Regidores.
El artículo 52 de la Ley 176-07 establece funciones normativas y de fiscalización para ese órgano, incluyendo la evaluación de planes operativos, el conocimiento de informes de la administración, el examen de las cuentas municipales y la fiscalización de las unidades de gestión.
Mientras, el artículo 61 establece el deber de la Alcaldía de mantener informado al Concejo de Regidores y suministrar los informes que sean solicitados para el ejercicio de sus funciones.
En ese sentido, Trinidad sostuvo que solicitar explicaciones, conocer informes y dar seguimiento a los recursos aprobados forma parte de las responsabilidades institucionales de los regidores.
Un informe municipal reportó 100 % de cobertura
La regidora también llamó a revisar un antecedente que, a su juicio, debe formar parte de la discusión.
El 1 de febrero de 2025, la Dirección de Limpieza y Aseo Urbano del Ayuntamiento de Santo Domingo Este publicó el documento titulado Informe de Cobertura del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos en los Sectores, Barrios y/o Urbanizaciones del Municipio de Santo Domingo Este, correspondiente a enero de 2025.
De acuerdo con ese informe, el Ayuntamiento declaró que el servicio de recogida de residuos sólidos alcanzaba un 100 % de cobertura en los sectores y barrios del municipio, con una frecuencia de recolección de dos a tres veces por semana.
El documento también describía mecanismos de seguimiento mediante GPS, supervisión de camiones en ruta, comunicación con las empresas recolectoras y monitoreo de las salidas de los vehículos.
Además, establecía que las reclamaciones de los ciudadanos recibirían respuesta inmediata o, como máximo, en un plazo de 48 horas laborables.
Trinidad consideró necesario revisar esos datos a la luz de las situaciones y denuncias que continúan presentándose en diferentes comunidades.
Si el Ayuntamiento había declarado esos niveles de cobertura y establecido mecanismos de supervisión, entiende que corresponde conocer cuáles han sido los resultados de su aplicación, qué evaluaciones se han realizado y cuáles dificultades han sido identificadas desde entonces.
La regidora precisó que no se trata de desconocer la información institucional, sino de utilizarla como punto de partida para evaluar la calidad y efectividad del servicio que reciben los ciudadanos.
La Ley 225-20 establece el deber de supervisar
Trinidad también hizo referencia a la Ley 225-20, General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, modificada por la Ley 98-25.
El artículo 16 establece responsabilidades específicas para los ayuntamientos, entre ellas establecer y aplicar el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos, garantizar un servicio de recolección accesible, periódico y eficiente, promover la separación de residuos y evaluar los instrumentos de gestión.
Uno de los aspectos que la regidora considera fundamental es el párrafo I de ese artículo, que establece que cuando un Ayuntamiento contrata una empresa para prestar los servicios de recolección y transporte, debe supervisar, monitorear y evaluar su desempeño, además de aplicar las sanciones correspondientes cuando se produzcan incumplimientos.
Para Trinidad, la contratación de empresas recolectoras no elimina la responsabilidad de supervisión del gobierno municipal.
En ese contexto, entiende que los ciudadanos necesitan conocer si las rutas de recolección se están cumpliendo, si los camiones están prestando el servicio contratado, si los sectores reciben la frecuencia correspondiente y cuáles mecanismos existen para responder a las reclamaciones comunitarias.
RD$80 millones con seguimiento verificable
La regidora Dulcenis Trinidad sostuvo que la aprobación de los RD$80 millones debe estar acompañada de información clara y verificable sobre la distribución de los fondos.
A su juicio, el Concejo de Regidores debe conocer qué actividades serán financiadas, quiénes serán responsables de la ejecución, cómo se distribuirán los recursos y cuáles mecanismos serán utilizados para evaluar los resultados.
Asimismo, considera necesario dar seguimiento a la utilización de los fondos, conforme a las atribuciones que reconoce la Ley 176-07 al Concejo de Regidores.
Para la edil, la población debe poder identificar resultados concretos en las comunidades, incluyendo calles más limpias, eliminación de vertederos improvisados, cumplimiento de las rutas de recolección y una respuesta más efectiva ante las denuncias ciudadanas.
“No basta con conocer cuánto dinero se incorpora al presupuesto. También es necesario saber qué se hará con esos recursos, cómo se ejecutarán y cuáles serán los resultados para los munícipes”, plantea Trinidad.
La regidora insistió en que el debate sobre los RD$80 millones debe ir más allá de la aprobación del monto y centrarse en la transparencia, fiscalización y eficiencia de los recursos destinados a resolver uno de los principales problemas que enfrentan numerosos sectores de Santo Domingo Este.










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