Diez imputados en caso SeNaSa admiten los hechos; MP pide 18 meses de prisión preventiva
Diez imputados en caso SeNaSa admiten los hechos; MP pide 18 meses de prisión preventiva

Santo Domingo.– El Ministerio Público presentó este miércoles ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional una solicitud de 18 meses de prisión preventiva contra las personas arrestadas en la Operación Cobra 2.0-A, vinculadas por el órgano acusador a un presunto entramado de corrupción administrativa relacionado con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

De acuerdo con el Ministerio Público, diez de los imputados admitieron los hechos luego de ser vinculados a una estructura que presuntamente sustrajo fondos públicos mediante operaciones relacionadas con la aseguradora estatal de salud. Leer más: Estos son los 25 imputados en SeNaSa 2.0 para quienes el Ministerio Público pide prisión preventiva

La solicitud de medida de coerción fue depositada ante el tribunal correspondiente, que deberá conocer los argumentos del órgano acusador y de las defensas antes de decidir sobre las medidas aplicables a cada imputado.

Operación Cobra

La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó lo que calificó como la solidez de la investigación desarrollada por el Ministerio Público.

Ortiz también valoró las pruebas recopiladas durante la Operación Cobra y que, según el órgano persecutor, sustentan la solicitud de imposición de prisión preventiva.

El Ministerio Público atribuye a los arrestados participación en un presunto esquema de corrupción administrativa que habría utilizado operaciones vinculadas a SeNaSa para sustraer recursos públicos.

Coerción en Operación Cobra

Con el depósito de la solicitud, corresponde ahora a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional fijar y conocer la audiencia para determinar las medidas de coerción.

La petición de 18 meses de prisión preventiva constituye la posición del Ministerio Público y no implica una declaración de culpabilidad. Las responsabilidades individuales deberán ser determinadas durante el proceso judicial correspondiente.

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