SANTO DOMINGO.– El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) anunció un plan institucional de veeduría y soporte técnico para contribuir a la aplicación efectiva de la Ley núm. 16-26, que establece un marco extraordinario para el pago de deudas a contratistas por obras públicas ejecutadas para el Estado dominicano.

El presidente del gremio, arquitecto George Richardson, afirmó que la implementación de esta legislación constituye una prioridad para la institución, debido a su impacto en profesionales del sector construcción que mantienen pendientes pagos por trabajos realizados para el Estado.

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Richardson destacó que detrás de cada expediente pendiente existen profesionales que comprometieron recursos y patrimonio familiar para ejecutar obras como escuelas, hospitales, caminos y acueductos.

Asimismo, reiteró la disposición del CODIA de colaborar con el Gobierno del presidente Luis Abinader en la búsqueda de una solución definitiva a las deudas históricas que afectan al sector construcción.

Como parte de la iniciativa, el gremio dará seguimiento al proceso de pago de los contratistas incluidos en el catálogo establecido en el artículo 10 de la Ley 16-26.

También anunció una ruta de orientación y asesoría legal para arquitectos e ingenieros que consideren que, pese a ser acreedores legítimos del Estado, fueron excluidos del anexo contemplado en la legislación.

El CODIA sostuvo que el proceso debe desarrollarse bajo criterios de transparencia, igualdad de trato y respeto al marco constitucional y legal, de manera que los profesionales que cumplieron con sus obligaciones puedan acceder a los mecanismos establecidos para el reconocimiento y pago de sus acreencias.

Richardson afirmó que el gremio ejercerá su función como asesor del Estado y defensor de sus miembros, conforme a las leyes núm. 6160 y 6200, procurando servir de enlace entre los profesionales del sector y las autoridades.

Con esta iniciativa, la nueva gestión del CODIA busca fortalecer el acompañamiento a sus miembros, contribuir a la transparencia de los procesos de pago y respaldar la solución de las deudas acumuladas por el Estado con profesionales y contratistas de la construcción.

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