Santo Domingo.- El caso contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de solicitar sobornos para favorecer procesos judiciales, se ha estructurado a partir de una serie de hechos que, según el Ministerio Público, evidencian un patrón de conducta irregular en el ejercicio de sus funciones.
La Procuraduría General de la República informó que el arresto de Valdez Alcántara se produjo en flagrante delito, tras recibir en una entrega controlada, autorizada por un juez, la suma de USD$10,000 de una persona bajo investigación, identificada como Roberto Canaán.
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Cronología de los hechos
- 2017 – Ingreso al Ministerio Público: Valdez Alcántara inicia su carrera como procurador fiscal, desempeñando funciones vinculadas a la persecución penal.
- 2020 – Integración a la Pepca: El fiscal pasa a formar parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), unidad clave en la investigación de delitos de corrupción.
- Años posteriores – Ejercicio de funciones investigativas: Durante su permanencia en la Pepca, el imputado tenía a su cargo investigaciones sensibles, con capacidad de incidir en el curso de procesos judiciales.
- Hechos imputados – Solicitud de sobornos: Según el expediente, el fiscal habría solicitado dinero a cambio de favorecer a personas involucradas en procesos penales, incluyendo la posible manipulación de investigaciones o decisiones judiciales.
- Apertura de investigación interna: Las presuntas irregularidades fueron detectadas por el propio Ministerio Público, lo que dio lugar a una investigación que culminó con la recolección de evidencias en su contra.
- Presentación de la solicitud de coerción: El Ministerio Público depositó ante el tribunal una solicitud de medida de coerción, amparada en el artículo 230 del Código Procesal Penal, afirmando contar con pruebas suficientes para vincular al fiscal con actos de corrupción administrativa, en perjuicio del Estado dominicano.















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