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Santo Domingo, República Dominicana.– La dominicana Dayana Heredia, detenida en Venezuela desde julio de 2024 y condenada a 21 años de prisión, solicitó al presidente Luis Abinader que intervenga para garantizar la asistencia consular y gestionar alternativas legales y diplomáticas que le permitan regresar a República Dominicana.
A través de un video, Heredia relató que habría sido víctima de una presunta red de viajes ilegales que operaría desde Colombia con la participación de ciudadanos dominicanos. Según su testimonio, le prometieron trasladarla a España, pero terminó en territorio venezolano, donde fue arrestada por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
De acuerdo con sus familiares, las autoridades venezolanas la acusaron de poseer en su teléfono celular fotografías presuntamente relacionadas con sustancias prohibidas, situación por la que recibió una condena de 21 años de prisión. Sus parientes consideran que la pena es excesiva y han expresado sospechas sobre una posible relación entre su situación y las tensiones diplomáticas entre ambos países, aunque no han presentado pruebas que permitan establecer ese vínculo.
Los familiares sostienen que la ruptura de las relaciones diplomáticas ha dificultado las gestiones para visitar a Heredia y dar seguimiento directo a su situación. Entre los acontecimientos que, según ellos, han complicado el escenario, mencionan las diferencias entre los gobiernos dominicano y venezolano tras las elecciones presidenciales de julio de 2024 y la incautación de un avión venezolano en República Dominicana.
CIDH otorga medidas cautelares
La familia informó que presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la petición P-184-26 y solicitó medidas cautelares mediante el expediente MC-144-26 VE, alegando presuntas violaciones al debido proceso y riesgos para la salud de la detenida.
Según los familiares, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Heredia mediante la Resolución 63/2026, del 10 de agosto de 2026, al considerar que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud enfrentaban un riesgo de daño irreparable.
Sus parientes aseguran que la dominicana padece problemas renales y atribuyen el deterioro de su salud, entre otros factores, a las dificultades para acceder al agua potable y a una ingesta insuficiente de líquidos durante su reclusión.
Familia reclama asistencia consular
Los familiares afirmaron que, desde el inicio de la detención, han solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) que intervenga para garantizar la asistencia consular de la ciudadana dominicana.
Según su relato, se han comunicado con Miguel Reyes, director de Protección a Nacionales de esa institución, pero aseguran que no han recibido la atención que consideran necesaria y que la falta de relaciones diplomáticas con Venezuela ha sido señalada como una limitación para las gestiones.
María Heredia, hermana de la detenida, reconoció las dificultades que representa la ruptura diplomática, pero sostuvo que esa situación no debe impedir que se busquen mecanismos para asistir a una ciudadana dominicana privada de libertad en el extranjero.
En ese sentido, citó la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, cuyo artículo 2, numeral 3, establece que la ruptura de relaciones diplomáticas no implica automáticamente la ruptura de las relaciones consulares.
Piden al Gobierno dar seguimiento al caso
Ante esta situación, los familiares reiteraron su llamado al presidente Luis Abinader para que disponga las gestiones necesarias a fin de verificar el estado de salud de Heredia, conocer las condiciones en las que permanece recluida y explorar las vías legales y diplomáticas disponibles para facilitar su retorno al país.
«No le pedimos al presidente que le exija a Venezuela que libere a Dayana; no, le estamos pidiendo que la asistan, que las autoridades venezolanas vean que las autoridades de su país están pendientes de su caso y de su connacional», expresó la familia.
María Heredia aclaró que la solicitud no busca que el Gobierno dominicano interfiera en las decisiones judiciales venezolanas ni que promueva una liberación al margen de los procedimientos legales.
El reclamo, explicó, consiste en que las autoridades dominicanas acompañen a Heredia, procuren que reciba la atención médica que necesita y realicen las diligencias correspondientes para evaluar las posibilidades de su regreso a República Dominicana.
Hasta tanto las autoridades competentes ofrezcan información oficial sobre las gestiones realizadas, la familia mantiene su llamado para que el caso reciba atención y se garantice el seguimiento de los derechos fundamentales de la ciudadana dominicana.
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