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Santo Domingo.– Centenares de ciudadanos marcharon este domingo por las calles de Santo Domingo para exigir un castigo ejemplar contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, tras el colapso del techo ocurrido el 8 de abril de 2025 durante un espectáculo del merenguero Rubby Pérez, que provocó la muerte de 236 personas.
La movilización, organizada por el Movimiento Justicia Jet Set, busca presionar a la Justicia de cara al fallo previsto para el 15 de junio, que definirá si continúa el proceso penal contra los acusados y solicita la recalificación jurídica del caso, según informó la agencia EFE.
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El derrumbe ocurrió mientras el artista se presentaba ante unas 200 personas, según declararon participantes y voceros del movimiento. La tragedia no solo destaca por el elevado número de víctimas, sino también por la cantidad de heridos y el reclamo unánime de familiares, quienes sostienen que los hermanos Espaillat tenían conocimiento previo del deterioro en la infraestructura.
Actualmente, los dueños de la discoteca enfrentan cargos por homicidio involuntario, sancionado con hasta dos años de prisión. Sin embargo, familiares y sobrevivientes insisten en que se cambie la calificación a homicidio voluntario, que puede implicar hasta 30 años de cárcel, argumentando que la negligencia de los propietarios fue deliberada.
Durante la marcha, los manifestantes recorrieron las principales calles hasta el Palacio de Justicia, lanzando consignas como:
- “No fue un accidente, fue homicidio con dolo eventual”
- “Quien conoce el peligro y no actúa, responde por las muertes”
La movilización estuvo custodiada por la Policía Nacional, que restringió el acceso al edificio judicial para garantizar el orden.
Ana Ramírez, fundadora del Movimiento Justicia Jet Set, declaró a EFE: “Nuestra principal exigencia en esta marcha fue la solicitud de la recalificación jurídica del caso Jet Set. Ellos —los propietarios— tenían pleno conocimiento de todo lo que estaba sucediendo y aún así continuaron con la fiesta. Son personas que gozan de muchos privilegios y mucho poder”.
José Luis Custodio, sobreviviente y familiar de cuatro víctimas, pidió a la Justicia no equivocarse: “Si hubiera sido en otro país, hace rato que Antonio y Maribel Espaillat estarían presos. Con nosotros, los sobrevivientes del Jet Set y, primero Dios, ellos no van a poder”.
Milagros Martínez, madre de una gobernadora fallecida en la tragedia, agregó: “Los hermanos propietarios de la discoteca sabían el problema que tenía el local en el techo. Tenían mucho conocimiento, porque él dijo que desde que compró el local caía agua, y nunca tomó medidas para arreglarlo. Todavía una hora antes de la fiesta podía haber previsto que no murieran esas 236 personas y no lo hizo”.
Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía de la República Dominicana destacó que los propietarios realizaron obras de remodelación sin notificar a ninguna institución, lo que impidió la inspección de la edificación. La acusación enfatizó que Antonio y Maribel Espaillat desoyeron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro económico sobre la seguridad de los asistentes.
El proceso judicial entró en fase decisiva tras la conclusión de las audiencias preliminares hace dos semanas. El 15 de junio, el juzgado deberá determinar si los acusados enfrentan juicio bajo una figura penal más grave. El caso ha puesto en cuestionamiento no solo la responsabilidad individual de los propietarios, sino también el sistema de control y vigilancia de infraestructuras recreativas en la República Dominicana, según la cobertura de EFE.
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