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Santo Domingo. – El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, calificó como un “acto desesperado” y de litigio temerario la recusación presentada por la defensa contra la jueza Isis Muñiz, al considerar que carece de fundamentos legales.
El magistrado sostuvo que la defensa ha recurrido a esta acción ante la imposibilidad de contrarrestar las evidencias presentadas por el Ministerio Público, las cuales describió como “irrefutables”.
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“La defensa, ante la imposibilidad de defenderse de los hechos y de las evidencias, ha venido con un grito desesperado, con el absurdo de recusar a una jueza a la que en audiencias anteriores le hicieron pedimentos y que decidió sin que en ese momento objetaran su participación”, expresó.
Camacho indicó que los argumentos utilizados por los abogados del imputado eran conocidos previamente y no fueron planteados en su debido momento, lo que, a su juicio, evidencia una estrategia para retrasar el proceso judicial.
Asimismo, aseguró que, independientemente de las acciones de la defensa, los imputados deberán enfrentar las pruebas presentadas en su contra. “No importa cuánto huyan, tarde o temprano se van a tener que enfrentar a los hechos y a las pruebas”, afirmó.
El titular de la Pepca reiteró que el órgano acusador mantiene su solicitud de prisión preventiva como medida de coerción.
En cuanto al curso del proceso, explicó que el caso queda ahora a la espera de que la Suprema Corte de Justicia decida sobre la recusación. Una vez se emita esa decisión, el tribunal, ya sea con la misma jueza u otra, continuará con el conocimiento de la audiencia.
El Ministerio Público acusa al fiscal Aurelio Valdez Alcántara de haber recibido un soborno de 10 mil dólares en el marco de una investigación vinculada a la ARS SeNaSa. Según el expediente, el imputado habría exigido inicialmente 200 mil dólares, monto que luego redujo a 150 mil durante el proceso de negociación.
El arresto del fiscal se produjo el pasado 27 de marzo en horas de la noche, cuando presuntamente recibió el dinero en el parqueo de una plaza comercial del Distrito Nacional.
Mientras tanto, el órgano acusador solicita la imposición de prisión preventiva como medida de coerción, en tanto continúan las investigaciones del caso.
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