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Santo Domingo.- El Ministerio de Interior y Policía (MIP) emitió la resolución núm. MIP-RR-0001-2026, mediante la cual establece medidas preventivas que impactan directamente la realización de actividades festivas, el uso de música a alto volumen y el consumo de alcohol en espacios públicos durante la Semana Santa 2026.
La disposición busca reforzar el control en playas, ríos, balnearios y zonas turísticas, donde cada año se registra una alta concentración de personas. En ese contexto, el MIP advierte que las denominadas “fiestas masivas” eventos con gran afluencia, música amplificada y expendio de bebidas alcohólicas sujetas a regulación temporal para evitar incidentes, desórdenes y riesgos a la seguridad.
Entre las medidas, se establece la limitación del uso de equipos de sonido de alta potencia, la instalación de tarimas o estructuras improvisadas y el consumo colectivo de alcohol en espacios públicos, especialmente en áreas de recreación. Estas acciones buscan reducir la contaminación sónica, prevenir conflictos y garantizar la movilidad en zonas de alto flujo.
La resolución se sustenta en el artículo 8 de la Constitución, que establece la protección de los derechos de las personas como función esencial del Estado, así como en el artículo 255, que asigna a la Policía Nacional la responsabilidad de preservar el orden público y la seguridad ciudadana.
Además, el documento hace referencia a normativas como la Ley 64-00 de Medio Ambiente, la Ley 287-04 sobre ruidos nocivos modificada por la 90-19, la Ley 247-12 de Administración Pública y la regulación vigente sobre horarios para la venta de bebidas alcohólicas.
El MIP enfatizó que, aunque la Semana Santa tiene un profundo significado religioso para gran parte de la población dominicana, también es un período en el que aumentan las actividades recreativas, lo que incrementa los riesgos de accidentes y alteraciones del orden.
En ese sentido, las autoridades aseguran que estas medidas no buscan limitar el disfrute ciudadano, sino garantizar que el asueto se desarrolle en un ambiente seguro y de convivencia pacífica, mediante una estrategia coordinada con otras instituciones del Estado.
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